El Ayuntamiento de Almarza adjudica el arrendamiento del "Prado de los Toros"
Una finca pública alquilada durante cuatro años por 6.000 euros
El Ayuntamiento de Almarza ha formalizado el contrato de arrendamiento de la finca rústica conocida como "Prado de los Toros", una propiedad municipal situada en el municipio soriano. La operación, cuya duración será de cuatro años (desde el 9 de mayo de 2025 hasta el 8 de mayo de 2029), ha sido adjudicada por un importe total de 6.000 euros, lo que supone un alquiler anual de tan solo 1.500 euros.
¿Qué es el "Prado de los Toros" y por qué se alquila?
El "Prado de los Toros" es una finca rústica de titularidad municipal. Al tratarse de un bien público y no estar en uso directo por el Ayuntamiento, se ha optado por arrendarlo, cumpliendo así con las condiciones recogidas en el pliego de licitación y garantizando su mantenimiento y aprovechamiento agrario o ganadero, según se estime por el adjudicatario.
Transparencia y legalidad en el proceso
Este contrato ha seguido un procedimiento abierto y ordinario, garantizando la libre concurrencia y transparencia. Sin embargo, únicamente se ha recibido una oferta, que ha sido la finalmente adjudicada, perteneciente al ciudadano Isidro Gómez Sanz, residente en Almarza. No se recibieron ofertas de PYMEs ni empresas extranjeras.
Condiciones del contrato
- Duración: 4 años (2025-2029).
- Importe total: 6.000 euros (1.500 euros anuales).
- Procedimiento: Abierto, sin subasta electrónica.
- Garantía definitiva: 5% del valor del contrato.
Un uso eficiente de los recursos públicos
Este tipo de contratos permiten a los ayuntamientos dar utilidad a su patrimonio público, generando ingresos y fomentando la actividad local. Aunque la cantidad pueda parecer simbólica, supone una medida de aprovechamiento que evita el deterioro de terrenos y contribuye al desarrollo rural.
Consulta pública y seguimiento
Como toda licitación pública, los detalles del contrato están disponibles para consulta ciudadana en la Plataforma de Contratación del Estado, promoviendo así el acceso a la información y el control del uso de los bienes públicos.

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